NACE LA PLATAFORMA DE AFECTADAS POR LA LEY DE DEPENDENCIA
Es un movimiento ciudadano fruto del compromiso y la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional en España en respuesta a la necesidad de unirnos para reivindicar una vida digna y autónoma para todas las personas.
Nuestro objetivo principal, la derogación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia porque contraviene la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad por su enfoque asistencialista.
Concretamente, el artículo 19 de la Convención, que España firmó y ratificó en el año 2008, que reconoce expresamente el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
Sin embargo, a pesar de éste mandato legal, el estado español sólo destina un 0,5% a la asistencia personal de entre todos los recursos recogidos en la ‘Ley de Dependencia’. Por su parte, las administraciones autonómicas aplican una parte paupérrima y, algunas, ni tan siquiera dedican recursos a la autonomía personal. Así, casi la totalidad de los presupuestos públicos van destinados a la subsistencia ya que sólo contemplan las actividades básicas de la vida diaria y entornos institucionalizados.
Según la «Evaluación del impacto social del servicio de asistente personal del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad», del Ayuntamiento de Barcelona, el coste medio
del servicio residencial por persona con grado II es de 1.968,53€/mes por persona, casi
9.000€ por encima de lo que sería el coste del servicio de asistencia personal, mientras que el coste para el grado III es de 2.338,61€/mes por persona. Además, es importante destacar que el servicio de asistencia personal tiene una intensidad de atención personal por encima del recurso residencial.
En este sentido, el Estado sigue apoyando la institucionalización desoyendo las indicaciones de la ONU, que establece como prioridad la desinstitucionalización porque:
● Nunca debe considerarse una forma de protección de las personas con discapacidad, ni una “elección”.
● Los Estados partes deben reconocer la institucionalización como una forma de violencia contra las personas con discapacidad.
● Los Estados partes deben abolir todas las formas de institucionalización, poner fin a los nuevos internamientos en instituciones y abstenerse de invertir en estas.
● Es contraria al derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
● No hay justificación para perpetuar la institucionalización.
Por eso, lo que reivindica la Plataforma de Afectadas por la Ley de Dependencia para las personas con diversidad funcional es el derecho a vivir en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad.
En conclusión, con la creación de esta Plataforma:
1. Queremos que se revise la legislación para detectar las lagunas en el reconocimiento y aplicabilidad del derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, así cómo garantizar recursos efectivos contra la institucionalización y la discriminación por razón de diversidad funcional.
2. Exigimos que se deje de dar prioridad a aquellas instituciones que segregan, medicalizan o no se basen en la voluntad y las preferencias de las personas con diversidad funcional.
3. Vamos a analizar las instituciones existentes y los fondos destinados a servicios que no cumplan con los requerimientos expresados por las Naciones Unidas y las personas con diversidad funcional.
4. Recordamos que los estados que han ratificado la Convención deben adoptar un plan de desinstitucionalización exhaustivo con un plan de acción detallado y recursos asignados, todo ello, con la participación y consulta a las personas con diversidad funcional.
5. Velaremos porque se desarrollen nuevas estructuras de servicios, incluyendo una amplia gama de servicios de apoyo en la comunidad, permitiendo que las personas con diversidad funcional planifiquen y dirijan su propia vida con los apoyos necesarios para ello.
6. Creemos que es de fundamental importancia que los servicios sean prestados bajo la dirección de las personas con diversidad funcional, dando incluso importancia a las opiniones de los niños y niñas o aquellas personas con diversidad intelectual.
7. Recordamos a los administradores públicos escogidos por sufragio universal que la asistencia personal es un recurso que respeta los Derechos Humanos y que, además, tiene un retorno social de la inversión de 3,62€ por cada 1€ invertido, según la evaluación externa del proyecto de Vida Independiente de Andalucía.
Deja una respuesta