Garantizar la implementación efectiva de la asistencia personal en España
La Convención sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional es una norma internacional crucial que España firmó y ratificó en 2008. Sin embargo, hoy en día, muchos de los derechos reconocidos en esta Convención siguen siendo una mera ilusión para las personas con diversidad funcional en nuestro país.
En su artículo 19, se establece el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida. Este artículo se basa en el principio fundamental de Derechos Humanos de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos, y todas las vidas tienen el mismo valor.
La vida independiente e inclusiva en la comunidad es una reclamación históricade las personas con diversidad funcional con necesidades de apoyo, que reivindican ejercer el control sobre la forma en que quieren vivir, mediante la creación de formas de apoyo que potencien el pleno ejercicio de sus derechos, como la asistencia personal. Implica tener libertad de elección y capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la propia vida, con el máximo grado de libre determinación e interdependencia en la sociedad.
Es imprescindible que nuestros políticos tomen medidas concretas para implementar los recursos necesarios y garantizar que estos derechos se conviertan en una realidad palpable, en lugar de meras palabras en un papel. Es importante destacar que las organizaciones que actualmente gestionan los apoyos para las personas con diversidad funcional, se han erigido como representantes sin haber sido elegidas mediante un proceso democrático.
Estas organizaciones se presentan como asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, pero en realidad funcionan como empresas, que operan en el ámbito de las instituciones residenciales y otros centros segregadores. Su existencia y continuidad no están en consonancia con los principios de inclusión y empoderamiento, ya que si lo estuvieran estos servicios habrían dejado de ser necesarios, después de tantos años de supuesta representación loable y efectiva.
De hecho, estas organizaciones perpetúan la dependencia de las personas con diversidad funcional. Al hacerlo, mantienen la necesidad de utilizar los servicios que ellas mismas ofrecen y así pueden mantenerse con el poder del tercer sector y tener representación y presencia en el ámbito político. Al mismo tiempo, el Estado encuentra conveniente delegar esta tarea incómoda y compleja, evitando abordarla de manera digna y adecuada.
Es hora de desafiar estas estructuras y luchar por un cambio real. Es necesario promover una cultura inclusiva que valore y respete la diversidad humana en todas sus manifestaciones, eliminando las barreras físicas, sociales y actitudinales que limitan la participación plena de las personas con diversidad funcional en la sociedad.
Es fundamental garantizar que las políticas y los recursos destinados a las personas con diversidad funcional estén en línea con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Diversidad Funcional, con los principios de igualdad de oportunidades y participación plena en todos los aspectos de la vida.
La asistencia personal es específica para que las personas con diversidad funcional con necesidades de apoyo puedan optar a un proyecto de vida en equidad con el resto de la sociedad, siempre que cumpla con los criterios establecidos en la Observación General nº 5 sobre el derecho a la vida independiente y a vivir incluido en la comunidad.
Según esta Observación, la financiación de la asistencia personal debe proporcionarse sobre la base de criterios personalizados y teniendo en cuenta los estándares de derechos humanos para el trabajo digno. Esta debe ser asignada a la persona con diversidad funcional y controlada por ella, para pagar cualquier asistencia requerida, basándose en el proyecto de vida y en las necesidades individuales.
Es necesario que los recursos y el apoyo estén disponibles en todo el territorio español por igual, asignando un presupuesto adecuado que permita a las personas con diversidad funcional movilidad por todo el estado y acceder a los servicios de asistencia personal sin interrupciones ni reducciones en su implementación.
Debemos recordar que España ha asumido una responsabilidad internacional al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional. Esta Convención reconoce y garantiza el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad y, por tanto, el acceso al servicio de asistencia personal.
Sin embargo, en este aspecto la brecha entre la legislación y la realidad es abrumadora. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia no favorece la implementación efectiva de la asistencia personal, que es crucial y requiere atención urgente.
Es necesario acometer una Ley de Vida Independiente, dotada de asistencia personal suficiente, para abarcar las necesidades de las personas que requieren de este apoyo humano para llevar a cabo su proyecto de vida. Es necesario impulsar un cambio de paradigma que reconozca la plena ciudadanía de las personas con diversidad funcional y convierta en realidad la igualdad de derechos y oportunidades.
Esto implica la colaboración entre el Estado y la sociedad en su conjunto, para garantizar que se asignen los recursos adecuados, se implementen políticas inclusivas y se eliminen las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida.
Ya es hora de que los derechos de las personas con diversidad funcional dejen de ser promesas vacías y se conviertan en una realidad concreta en España. Instamos a nuestros políticos a que tomen medidas urgentes y efectivas para implementar la asistencia personal, asignando el presupuesto adecuado y estableciendo las condiciones necesarias para su implementación en todo el territorio español.
Es hora de convertir las palabras en acciones y asegurar que todas las personas, sin importar si requieren o no apoyo, tengan la oportunidad de vivir una vida plena, autónoma y digna.
Autora: Katja Villatoro, Coral Hortal, Estela Martín
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